El gobernador Samuel García enfrenta un nuevo revés: la Suprema Corte lo emplaza a ceder el control de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) al fiscal general en un plazo de 15 días hábiles. Este movimiento legislativo, respaldado por la Corte, plantea un cambio significativo en las dinámicas del poder estatal.
Aunque el equipo del gobernador ha anunciado su cumplimiento con la orden de la Corte, también adelantan su intención de impugnarla. Argumentan que la transferencia de la UIFE a la Fiscalía General implica una invasión de las facultades ejecutivas.
La UIFE: Un Foco de Controversia
La UIFE ha sido objeto de numerosas críticas durante la administración actual. Acusaciones de presión y amenazas políticas han rodeado su funcionamiento, especialmente en relación con el partido gobernante.
La reforma legislativa transfiriendo la UIFE a la Fiscalía General representa un cambio significativo en su estructura y autonomía. Sin embargo, este cambio es cuestionado por el ejecutivo estatal, argumentando una posible manipulación política.
Luchas de Poder en Nuevo León
El conflicto entre el Congreso y el Gobernador sobre la publicación del Decreto 196, que instaura estos cambios, ha sido prolongado y lleno de tensiones. A pesar de las órdenes de la Corte, la publicación ha sido retrasada, lo que refleja una lucha constante por el control y la autoridad.
Los Desafíos Futuros
A medida que el plazo se acerca y la disputa legal continúa, queda por verse cómo se resolverá este enfrentamiento entre poderes estatales. La intervención de la Corte sugiere una supervisión constante de los procesos políticos y legales, pero también plantea interrogantes sobre la estabilidad y la legitimidad del gobierno de Samuel García.
