Paco Cienfuegos, secretario de enlace legislativo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, presentó formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León, en contra de varios funcionarios públicos del gobierno estatal.
La denuncia se centra en el aumento arbitrario de las tarifas del transporte público en la entidad, que pasó de 12 a 15 pesos, lo que ha generado un fuerte descontento entre los ciudadanos. Acompañado por las diputadas federales Anita González del PRI y Annia Gómez del PAN, Cienfuegos acudió al Centro de Operaciones y Denuncias Especializadas (CODE) para dar inicio a un proceso legal en contra del gobernador Samuel García, el secretario general de gobierno, Javier Navarro, el secretario de movilidad, Hernán Villarreal, y Abraham Vargas Molina, encargado del despacho de la dirección general del Instituto de Movilidad.
Denuncia Cienfuegos Aumento de Tarifas de Transporte
En la denuncia presentada por Paco Cienfuegos, se señala que el incremento de 3 pesos en el costo del transporte público es ilegal, ya que no fue aprobado por el consejo técnico correspondiente, tal como lo establece la ley. Cienfuegos aseguró que el aumento fue impuesto de manera arbitraria por las autoridades, sin consultar con el órgano encargado de regular las tarifas.
En su intervención, el dirigente priista destacó que el aumento, que afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos de Nuevo León, es un abuso por parte de los servidores públicos, quienes al parecer actúan al margen de la ley. En sus declaraciones, Cienfuegos recalcó que cuando la oposición no estaba en el poder, los actuales funcionarios de gobierno se oponían a este tipo de incrementos, argumentando que lo que se necesitaba era una reingeniería del sistema de transporte público y no aumentos de tarifas.
“La ley se debe hacer valer, y no puedes con un plumazo aumentar las tarifas del transporte público. Queremos defender los bolsillos de la gente de Nuevo León,” comentó Cienfuegos, quien señaló que la decisión tomada por los funcionarios responsables contraviene las normativas legales y las promesas realizadas por el gobierno antes de asumir el poder.
Acto ilegal de Servidores Públicos: Cienfuegos
Paco Cienfuegos explicó que el aumento arbitrario de las tarifas constituye un acto de “ejercicio indebido de la función pública”, lo cual es un delito que puede acarrear sanciones severas, que van desde 1 hasta 7 años de prisión.
Según el PRI, los funcionarios involucrados violaron la ley al no remitir el acuerdo sobre el aumento al consejo técnico para su aprobación, un paso obligatorio en el proceso. Al respecto, Cienfuegos no dudó en afirmar que este caso es un claro ejemplo de abuso de poder por parte de los funcionarios del gobierno estatal, quienes, al no seguir los procedimientos establecidos, habrían incurrido en un acto ilegal.
“A la luz pública, ellos violaron la ley al no remitir el aumento al consejo técnico, y el delito es claro. Es un ejercicio indebido en la función pública por parte de estos servidores,” subrayó Cienfuegos en su intervención ante los medios.
Críticas y preocupaciones por el impacto
La diputada federal Anita González, quien también participó en la denuncia, señaló que durante los encuentros realizados con ciudadanos y legisladores en busca de apoyo para ampararse contra el aumento de tarifas, se recogieron muchas quejas sobre el impacto negativo que este tendrá en las economías familiares.
En su opinión, el aumento no solo es una carga económica, sino que carece de una justificación adecuada. Los ciudadanos, según comentó González, están molestos porque no se les ha presentado un plan claro sobre cómo se utilizarán los recursos generados por el aumento ni cuáles serán las mejoras en el servicio.
“La ciudadanía está molesta, el usuario del transporte público está molesto. A muchos les puede parecer que 3 pesos no es mucho, pero esos 3 pesos son de ida y vuelta, y si consideramos otras rutas, el gasto puede superar los 1,500 pesos por persona, o incluso más en una familia,” indicó González.
Además, la diputada resaltó que no basta con aumentar las tarifas; es necesario presentar un plan detallado y transparente sobre la mejora del sistema de transporte público en Nuevo León.
La propuesta de subsidio es insostenible
Por su parte, Annia Gómez, diputada federal del PAN, se refirió a las recientes declaraciones de Hernán Villarreal, secretario de movilidad, quien planteó la necesidad de un subsidio de mil millones de pesos para otorgar incentivos a los usuarios del transporte público. Gómez criticó esta estrategia, calificándola como insostenible a largo plazo. A su juicio, la idea de un subsidio no es una solución viable, ya que no aborda los problemas estructurales del transporte público y depender de un subsidio no es una medida que pueda garantizar mejoras permanentes.
“El subsidio no es ni sustentable, ni permanente. Por eso, estamos exigiendo que se dé reversa al tarifazo. No se puede implementar un aumento de tarifas de la noche a la mañana sin una planeación estratégica adecuada,” afirmó Annia Gómez.
En su intervención, la legisladora subrayó que lo que realmente se necesita es un plan integral de mejoras para el transporte público en Nuevo León, que involucre no solo el aumento de tarifas, sino también la compra de nuevos camiones, la modernización del sistema y una reestructuración que beneficie a los usuarios.
Críticas a la Gestión del Gobierno Estatal
El tarifazo en el transporte público ha desatado una serie de críticas hacia la gestión del gobierno de Samuel García. A lo largo de este proceso, varios sectores de la sociedad han cuestionado la falta de un plan estratégico para mejorar el servicio, especialmente en lo que respecta a la renovación de unidades y la ampliación de las rutas. Las diputadas y Cienfuegos coincidieron en que no se puede justificar el aumento sin un compromiso claro por parte del gobierno para hacer frente a las necesidades del sistema de transporte.
El reclamo por parte de los legisladores es claro: los ciudadanos no deben ser los más perjudicados por un aumento que no se sustenta en mejoras reales. La falta de transparencia y la falta de un plan de acción detallado para modernizar el transporte público son, según los denunciantes, los principales puntos débiles de la actual administración estatal.
