El Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, ha demandado al Gobierno estatal reconsiderar su postura frente al rechazo de aumentar las participaciones federales destinadas a los municipios de Nuevo León.
En sus declaraciones, el edil subrayó que los municipios han asumido responsabilidades que son competencia del gobierno estatal, lo que, justificaría un ajuste en el reparto de los recursos. La controversia se centra en un cambio propuesto para incrementar la asignación de recursos del 20% al 25% de las participaciones federales destinadas a los municipios, pero que, según el Ejecutivo, no es viable.
Los municipios asumen responsabilidades estatales
De la Garza argumentó que los municipios no solo están asumiendo gastos para servicios básicos, sino que también están financiando áreas que deberían estar bajo la responsabilidad directa del Gobierno del Estado.
En su intervención, el alcalde de Monterrey destacó las grandes contribuciones realizadas por los municipios en áreas como el transporte público, la educación y el suministro de agua, servicios que, según él, están siendo cubiertos por los gobiernos municipales a pesar de que estas funciones deberían ser gestionadas a nivel estatal.
Específicamente, De la Garza hizo hincapié en el hecho de que los municipios del área metropolitana, particularmente Monterrey, están tomando medidas para resolver problemas críticos de transporte público que, tradicionalmente, han sido una responsabilidad del Gobierno estatal. Este esfuerzo ha llevado a que se utilicen recursos municipales que podrían haberse destinado a otros fines.
“Los municipios han tenido que asumir responsabilidades que no les corresponden, como lo es el mantenimiento del transporte público. En muchas ocasiones hemos tenido que destinar recursos para cumplir con estas funciones que no son de nuestra competencia”, expresó el alcalde, haciendo un llamado al Estado para que rectifique su postura.
El llamado al cambio en la fórmula de distribución
En este contexto, Adrián de la Garza subrayó la necesidad de que el Estado modifique su fórmula de distribución de recursos federales. En lugar de mantener el 20% de las participaciones para los municipios, que fue establecido hace años, el Congreso local propuso un incremento al 25%, lo que permitiría una mayor asignación de recursos para que los gobiernos municipales puedan atender las necesidades de sus comunidades de manera más eficiente.
“Espero que el Estado rectifique su postura formalmente. Si es posible hacer este cambio de fórmula, los municipios podrán contar con los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades”, indicó De la Garza, quien argumentó que esta modificación beneficiaría a todas las localidades de Nuevo León, especialmente aquellas con grandes demandas en infraestructura y servicios públicos.
La viabilidad del aumento de participaciones para municipios
Contrario a los argumentos del Ejecutivo, que sostiene que no hay espacio en el presupuesto para realizar este ajuste, el alcalde de Monterrey aseguró que un análisis técnico realizado por su equipo muestra que el aumento propuesto es viable.
De acuerdo con De la Garza, este cambio podría generar un incremento de aproximadamente 3 mil millones de pesos adicionales para todos los municipios de Nuevo León, lo que permitiría una mayor inversión en obras públicas y servicios para la población.
A través de este análisis, De la Garza espera demostrar que la propuesta no solo es viable, sino que también es una necesidad urgente para que los municipios puedan seguir ofreciendo servicios de calidad a sus habitantes, particularmente en áreas como el transporte, la educación y el acceso al agua, donde los municipios están jugando un papel crucial.
El impacto del “colchón” de recursos del Estado
Además de su argumento sobre el aumento de participaciones, Adrián de la Garza advirtió sobre la existencia de recursos federales adicionales que el Estado recibirá en los próximos meses, los cuales no están siendo considerados dentro del presupuesto actual. Según el alcalde, el Estado tiene a su disposición un “colchón” de recursos federales, que, si no se reconducen correctamente, quedarán sin una asignación específica y podrían ser utilizados de manera discrecional.
“El Estado va a recibir más recursos de los que está informando. Esto dejará un colchón de recursos que, si no se toman en cuenta en el presupuesto, quedarán a libre disposición del gobierno sin una asignación específica”, señaló De la Garza, quien pidió que estos recursos adicionales se destinen de manera justa a los municipios.
La deuda estatal y la necesidad de transparencia
De la Garza también señaló que la deuda acumulada por el Estado y el “colchón” de recursos federales adicionales podrían superar los 30 millones de pesos. Esto ha generado preocupaciones sobre la falta de transparencia en el manejo de los recursos, especialmente cuando hay un déficit en la asignación adecuada de participaciones federales hacia los municipios.
El alcalde expresó su preocupación de que el gobierno estatal esté dejando pasar una oportunidad importante para redistribuir los recursos de manera más equitativa. Este tipo de ajustes, según De la Garza, serían clave para garantizar el buen funcionamiento de los servicios municipales y evitar que los gobiernos locales tengan que seguir absorbiendo responsabilidades que no son de su competencia.
La importancia de la asignación equitativa de recursos
El tema de la distribución de participaciones federales ha sido una cuestión recurrente en la política de Nuevo León. Desde hace años, los municipios han reclamado una mayor asignación de recursos, considerando que son ellos quienes enfrentan la mayor carga en la prestación de servicios públicos esenciales. De acuerdo con De la Garza, este reclamo no solo es legítimo, sino también necesario para garantizar que los municipios puedan cumplir con su función de manera eficiente.
La asignación justa de los recursos federales es crucial para el desarrollo de las ciudades y comunidades en todo el estado. Sin un cambio en la fórmula de distribución, los municipios podrían seguir enfrentando dificultades para cumplir con las crecientes demandas de infraestructura, seguridad y bienestar de la población.
