El Congreso de Nuevo León se prepara para actuar en relación con las 16 sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra el Gobernador Samuel García que serían tratadas en tres juicios políticos.
Las bancadas del PAN, PRI y PRD anunciaron una propuesta para resolver estas sentencias a través de tres juicios políticos, según informó la diputada priista Lorena de la Garza.
Estas resoluciones del Tribunal exigen sanciones al mandatario estatal de acuerdo a los siguientes presuntos cargos:
- Uso indebido de recursos públicos
- Violaciones a principios de equidad e imparcialidad electoral
- Propaganda personalizada
- Uso indebido de símbolos religiosos
La propuesta de los partidos incluye, como sanciones posibles, y sin duda siendo la mayor consecuencia, la inhabilitación o la destitución de García. Estas son las únicas sanciones políticas que el Congreso puede aplicar, según el marco legal vigente.
En total, se agruparán las dieciséis sentencias en tres juicios políticos: uno abordará cuatro sentencias; el segundo, seis; y el tercero, otras seis. Esta iniciativa se plantea de forma independiente a los cinco juicios políticos que ya fueron solicitados al Congreso por otras infracciones del Gobernador, incluyendo la no publicación de decretos, violaciones a la Constitución y retrasos en la presentación de presupuestos.
Propuesta de juicios políticos
El bloque conformado por el PAN, PRI y PRD ha presentado su propuesta para proceder con los juicios políticos, una medida que busca atender las 16 sentencias del TEPJF. Estas resoluciones judiciales dictaminan que el Gobernador de Nuevo León ha cometido diversas infracciones.
Lorena de la Garza, diputada del PRI, explicó que los tribunales han requerido al Congreso que sancione al Gobernador, aunque estas sanciones pueden realizarse únicamente a través de juicios políticos.
La diputada precisó que esta medida de carácter político se centra en los 12 hechos concretos sobre los cuales se emitieron las sentencias del TEPJF, mismas que detallan la responsabilidad del gobernador en violaciones a las normativas de recursos y propaganda.
De aprobarse la propuesta, los tres juicios políticos serían ejecutados de la siguiente forma:
- Primer juicio: atendería las primeras cuatro sentencias emitidas.
- Segundo juicio: incluiría seis sentencias adicionales.
- Tercer juicio: abarcaría las seis sentencias restantes.
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Sanciones y acusaciones adicionales
Las sanciones que el Congreso puede imponer en caso de que se avance en los juicios son limitadas y corresponden al ámbito político. Según De la Garza, las opciones que tiene el Legislativo para castigar al gobernador se resumen en dos: la inhabilitación o la destitución, siendo esta última hasta por un periodo de 20 años. Estas sanciones políticas, subrayó la diputada, son las únicas posibles debido a los lineamientos establecidos por el marco legal y las normas constitucionales.
Por otro lado, las tres bancadas subrayaron que estos tres juicios, orientados a responder a las sentencias del TEPJF, serían independientes de otras solicitudes de juicio político que ya fueron presentadas contra García por diversos incumplimientos.
Estos juicios previos se deben a diversas faltas del mandatario estatal en sus obligaciones gubernamentales, como no publicar decretos, incurrir en reiteradas violaciones a la Constitución y no cumplir con los plazos de entrega para los presupuestos de 2023 y 2024. El Congreso de Nuevo León también está investigando estos cinco juicios adicionales para determinar la posible gravedad de cada acusación.
Tensión entre el Gobierno y el Congreso Local
La propuesta de iniciar juicios políticos ha generado diversas reacciones dentro y fuera del Congreso. Los partidos de oposición en el Congreso local argumentan que esta medida es una respuesta a lo que consideran una serie de infracciones graves por parte del gobernador, que afectan la gobernanza y el orden institucional en el estado. Esta situación también es un reflejo de la división política y el clima de tensión que se vive en el ámbito legislativo de Nuevo León.
El debate en torno a estas sanciones políticas y los juicios propuestos también pone en el centro de atención las capacidades del Congreso para fiscalizar y controlar las acciones del Ejecutivo estatal. Los legisladores han manifestado que su decisión de proceder con los juicios no responde a intereses partidistas, sino a la necesidad de restaurar la legalidad y la imparcialidad en la gestión gubernamental.
Por otro lado, los seguidores del gobernador han calificado esta iniciativa como un acto de represalia política que busca afectar la figura del mandatario y limitar su influencia en el estado.
