En un clima político tenso, la presidenta del Congreso de Nuevo León, Lorena de la Garza, ha alzado la voz contra el gobernador Samuel García por la solicitud de más de 17 mil millones de pesos en deuda contemplada en el Paquete Fiscal 2025. Su postura, fundamentada en declaraciones previas del propio mandatario, refleja una creciente preocupación por el impacto financiero en las futuras generaciones.
Contradicciones en el discurso de Samuel García
En 2016, Samuel García, entonces legislador y crítico abierto de las políticas de endeudamiento, advertía en redes sociales sobre los peligros de incrementar la deuda pública sin considerar sus repercusiones. Años después, su solicitud de más de 17 mil 500 millones de pesos de deuda ha generado polémica, al contradecir sus propias palabras.
Lorena de la Garza, líder del Congreso estatal, compartió en sus redes sociales una publicación de García de ese año, donde afirmaba: “Para todo gobierno es muy fácil pedir más y más deudas sin importar el daño a futuras generaciones”. Usando esta cita como eje de su crítica, la diputada priista acusó al gobernador de no actuar con responsabilidad fiscal y aseguró que desde el Congreso se analizará minuciosamente el presupuesto para evitar comprometer el futuro económico del estado.
La legisladora advirtió que no se autorizará nueva deuda sin que el Ejecutivo presente proyectos específicos que justifiquen los gastos. “No podemos permitir que por su mal manejo de recursos, por su incapacidad de mantener finanzas sanas, este comprometiendo el futuro de Nuevo León”, expresó De la Garza.
Reducciones presupuestales preocupan a instituciones clave de Nuevo León
El Paquete Fiscal 2025 no solo contempla un aumento significativo en la deuda estatal, sino también recortes a instituciones fundamentales. Según los anexos del presupuesto entregado al Congreso, los Poderes Judicial y Legislativo, así como organismos autónomos, enfrentan una reducción global de mil 711 millones de pesos.
El impacto más notable es para la Fiscalía General de Justicia, que recibirá 12.69% menos de lo solicitado, afectando la finalización del Semefo y otras adecuaciones necesarias. El Poder Judicial, que requería fondos para ampliar centros de justicia, también verá recortado su presupuesto en 424 millones de pesos, limitando su capacidad operativa.
El Congreso local, que recientemente retomó el diálogo con el gobernador, tampoco escapó a los recortes. De los 533 millones aprobados inicialmente, solo se le asignaron 498 millones, una disminución del 6.52%. Estas reducciones, argumentan las instituciones afectadas, comprometen su capacidad para atender las necesidades de la ciudadanía.
Alcaldes de Nuevo Leóncritican falta de visión municipalista
Los alcaldes de Escobedo y San Nicolás, Andrés Mijes y Daniel Carrillo, se sumaron a las críticas contra el Presupuesto 2025, señalando la falta de visión municipalista del gobierno estatal. Ambos lamentaron que no se haya incrementado el porcentaje de participaciones a los municipios, que permanece en el 20% en lugar del 30% propuesto.
“El incremento a las participaciones es crucial para que los municipios no dependan de criterios subjetivos de funcionarios estatales”, señaló Mijes. Por su parte, Carrillo destacó la eliminación de fondos para infraestructura municipal como un retroceso en la colaboración entre niveles de gobierno.
Esta postura refleja una creciente insatisfacción entre los gobiernos locales, que demandan mayor apoyo financiero para atender las necesidades de sus comunidades. Aunque se intentó obtener la opinión del alcalde de Monterrey y presidente de la Asociación Metropolitana de Alcaldes, Adrián de la Garza, no hubo respuesta.
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